Por su importancia, reproducimos la nota de prensa emitida por el Centro Jurídico Tomás Moro:
Centro Jurídico Tomás Moro, Madrid a 29 de Abril de 2009.- En los últimos días, estamos asistiendo a nuevas restricciones en materia de libertad educativa.

Al debate en materia de educación diferenciada, que se ha suscitado últimamente por la pretensión de determinadas Comunidad Autónomos de eliminar los conciertos educativos, se ha unido la desalentadora sesión parlamentaria del pasado martes, en la que se impidió, con el voto en contra del mayoritario grupo parlamentario, que saliera adelante la Propuesta de Ley para garantizar el derecho de los padres a elegir la lengua de enseñanza en la educación de sus hijos.

Es este punto, es necesario recordar al poder legislativo que la libertad de enseñanza es un libertad reconocida por la Constitución en su artículo 27. Efectivamente, es simplemente un libertad reconocida, por cuanto la libertad de enseñanza no es un derecho creado constitucionalmente, sino que es un derecho natural consustancial a la familia, y por tanto, la constitución no hace otra cosa que reconocer una realidad universalmente válida: El derecho de los padres a elegir la educación para sus hijos.

Los debates últimamente suscitados en materia educativa, y las diferencias legislativas entre las Comunidades Autónomas, no sólo quebrantan la libertad educativa del artículo 27 de la Constitución, sino que ponen en serio peligro la libertad de elegir residencia y circular libremente por territorio español del artículo 19 de nuestra Carta Magna.

Con todo, es necesario recordar al pueblo español que las libertades ciudadanas no pueden ser administradas por el poder público (ya sea legislativo, ejecutivo o judicial), pues la misión racional de dichos poderes es proteger dichas libertades, no administrarlas, pues dicha facultad sólo corresponde al ciudadano de forma personal o de forma familiar, según los derechos y libertades afectados.

En este contexto, y tras los reiterados ataques a los derechos naturales, verdadera fuente de la Libertad Civil, este Centro Jurídico considera la necesidad perentoria de recuperar por parte de la ciudadanía los ámbitos de libertad que se le están restringiendo. El derecho a la libertad educativa es un derecho natural, universal e inmutable, un derecho impuesto a la razón del hombre, sin posibilidad de restricción por parte de los poderes públicos, que han de limitarse únicamente a reconocerlo y arbitrar los procedimientos necesarios para su tutela.

Por todo ello, esto Centro Jurídico anima a la Sociedad Civil a seguir luchando en la defensa de sus derechos, y seguir profundizando por los caminos de la Libertad Civil, únicos caminos posibles si queremos construir una sociedad más justa, acorde con un verdadero Estado Social, que propugna como valores referenciales la libertad y la justicia.


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